Las prestaciones a los dependientes han supuesto este año 104 millones

De los 17.991 aragoneses que a estas alturas tienen derecho a recibir una ayuda económica o un servicio, hay 9.540 que están disfrutando actualmente de las medidas previstas. La DGA reconoce que está sufragando parte de la financiación que le corresponde al Estado.

Las prestaciones de la Ley de la Dependencia supondrán este año una inversión de 104 millones de euros. Año y medio después de que se iniciara el plazo para solicitar las ayudas, de los 17.991 usuarios que a estas alturas tienen derecho a recibirlas - los considerados grandes dependientes y dependientes severos de grado II en el nivel 2 -, hay 9.540 beneficiarios percibiéndolas. Los 104 millones de euros que se han destinado este año a prestaciones y servicios se deberían financiar, según contempla la ley, a partir iguales por la Administración General del Estado (33%), la comunidad autónoma (33%) y los beneficiarios (33%). La realidad es bien distinta. La consejera de Servicios Sociales, Ana Fernández, reconoció ayer que Aragón, como el resto de comunidades, está pagando mucho más de lo que les corresponde, aunque no precisó en qué porcentaje. Fernández realizó esta valoración durante la presentación del balance de la aplicación de la ley, que realizó junto al director general de atención a la dependencia, Luis Bo, y el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Juan Carlos Castro. El principal motivo de este desajuste lo achacó a que las previsiones de grandes dependientes se han duplicado. Así, en el libro blanco, elaborado con datos de 1.999, se contemplaban 7.521, que finalmente han sido 15.341. El grupo de grandes dependientes y dependientes severos en el nivel 2 está formado por 17.991 usuarios, frente a los 12.365 que se contemplaban el el libro blanco. Este es uno de los motivos por los que la titular de Servicios Sociales espera que en el verano de 2009 se pueda tener ya la primera evaluación de la ley de dependencia, y así poder modificarla "para mejorarla" y adecuarla a la realidad. Fernández agregó que en esta puesta al día no hay que tener solo en cuenta la financiación, sino también cuestiones procedimentales, los baremos de valoración y la formación. De hecho, la consejera de Servicios Sociales admitió que la tramitación de cada caso supone "mucha complejidad administrativa", y una buena medida sería "agilizar procedimientos". En estos momentos, una persona tiene que esperar una media de diez meses desde que solicita su evaluación hasta que recibe algún tipo de prestación o servicio. Si en el arranque de la ley el atasco estaba en la realización de las valoraciones, ante la avalancha de peticiones que se recibían, ahora los retrasos se producen en la elaboración del Plan Individual de Atención (PIA). Hasta ahora, de los 9.540 dependientes que se benefician de alguna prestación, la gran mayoría, 5.307 corresponden a sueldos a cuidadores, 2.467 se encuentran atendidos en residencias, 1.256 están vinculados a centros de día y establecimientos para mayores no concertados y 510 a plazas en centros de día. De momento no se han integrado en el sistema ni la teleasistencia ni la ayuda familiar. Estos servicios vienen siendo prestados por los ayuntamientos y las comarcas con la financiación del Ejecutivo autonómo. A este respecto, el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Juan Carlos Castro, comentó que se espera ir haciéndolo paulatinamente, aunque se trata de una "cuestión compleja". Con el ayuntamiento de Zaragoza se firmará un convenio específico. La consejera Ana Fernández consideró "muy positivo" el balance de lo realizado, y calificó de "momento histórico" el cambio de mentalidad en las políticas de servicios sociales, que han pasado de ser una beneficiencia a un derecho. Fondo especial Del fondo especial para la dependencia de 400 millones de euros creado por el Gobierno central para 2009 con la finalidad de generar puestos de trabajo en este sector, Juan Carlos Castro adelantó que el 65% de este dinero se destinará a financiar proyectos de infraestructura, como adaptaciones de residencias, pequeñas obras, eliminación de barreras arquitectónicas o la puesta en marcha de algún módulo en los centros de día. El resto servirá para ampliar las plazas concertadas y para la formación de los profesionales del sector. No se pueden precisar datos sobre el número de empleos creados a raíz de la puesta en marcha de la ley. El único que se puede manejar es que más de 1.100 personas se han dado de alta en la seguridad social como cuidadores familiares, unos gastos que financia el Estado. El resto de los cuidadores familiares lo están ya por sí mismos o por asimilación a otra persona.

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