jueves, 18 de diciembre de 2008

La DGA asegura que “no tolerará” que los bienes viajen a Filadelfia


Broto declara que el Ejecutivo impedirá que las obras que prevé ceder Lérida “salgan de España sin permiso de sus propietarios”.

huesca. El Gobierno de Aragón mueve ficha en la polémica por el traslado a Filadelfia, previsto para 2010, de dos obras de arte aragonesas que se encuentran en depósito en el Museo de Lérida. La consejera de Educación, Cultura y Deporte, María Victoria Broto, aseguró ayer durante una visita a Fraga que “no toleraremos que esas piezas salgan de España sin el permiso de sus propietarios”. Cabe recordar que una de las obras que el Diocesano y Comarcal pretende ceder temporalmente (una tabla del retablo de San Antonio Abad procedente de la iglesia parroquial de Monzón) está incluida en la lista de 113 bienes retenidos en Cataluña y que deben ser devueltos a su legítimo propietario, el obispado de Barbastro-Monzón, según ha ordenado en diversas ocasiones el Vaticano. Ante la decisión de Lérida de enviar a Estados Unidos estas piezas, Broto insistió en que “el Gobierno de Aragón está estudiando las posibles medidas para evitar que este hecho ocurra”. En este sentido, el alcalde de Villanueva de Sijena, Alfonso Salillas (PAR), ya lanzó la pasada semana, nada más conocer por este periódico las pretensiones del Museo Diocesano y Comarcal, “un llamamiento al Gobierno de Aragón, que es quien tiene las competencias en materia de patrimonio, para que haga lo que sea con tal de impedir que saquen estas obras de España”. Y es que la otra pieza que se quiere trasladar a Filadelfia con motivo de una exposición sobre la Corona de Aragón pertenece al monasterio sijenense. Se trata de la caja sepulcral de Isabel de Aragón. Tanto esta valiosa obra artística como el retablo están incluidas en la actualidad en la exposición permanente del Museo ilerdense. También el Partido Popular había pedido al Ejecutivo aragonés que actuara para evitar la salida de las piezas. En este sentido, el portavoz parlamentario de este grupo en las Cortes, Eloy Suárez, registró el pasado lunes una solicitud de comparencia de la consejera Broto para que explicase “qué va a hacer la coalición PSOE-PAR ante este nuevo agravio permitido por las autoridades catalanas”. “Es indecente e intolerable” Por su parte, el portavoz del PAR en las Cortes, Javier Allué, rechazó ayer de plano la posible cesión de bienes aragoneses para exhibirlos en la citada muestra, y tachó de “indecente” e “intolerable” el hecho de que Tarragona, delegado de Patrimonio de la diócesis de Lérida, “haya autorizado de manera unilateral” prestar dichas piezas. A juicio de Allué, que volvió a exigir la entrega de las obras en litigio, “estamos asistiendo a una muestra más de la nula voluntad para proceder a la devolución”. “Actúan (Lérida) como si no hubiera conflicto, como si las sentencias no existieran y como si fuesen los propietarios. Lo sucedido ahora es la gota que colma el vaso”, añadió el portavoz del PAR. Para Allué, el conflicto de los bienes parece ser que “en lugar de resolverse, cada vez está más vivo y cada vez la afrenta es más gorda”. El anuncio de la DGA de intervenir en este asunto llega un día después de que el obispo barbastrense, Alfonso Milián, trasladara su queja tanto a su homólogo de Lérida, Joan Piris -quien según reconoció ante el propio Milián no tenía conocimiento de que el representante diocesano en la comisión ejecutiva del Consorcio del Museo, Jesús Tarragona, hubiera dado su visto bueno- como al nuncio de la Santa Sede en España, Manuel Monteiro de Castro. En una carta, Milián le solicitaba “su intervención a fin de que impida el traslado de la referida pieza a la exposición de Filadelfia sin que medie el consentimiento” del obispo, que no está dispuesto a autorizarlo. La nueva jueza toma posesión Por otra parte, el pasado martes tomó posesión la nueva titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Lérida, que instruye las diligencias por la demanda civil presentada en mayo por la asociación de Amics del Museu, con el objetivo de que se determine la propiedad de 83 de las 113 piezas en litigio entre los obispados de Barbastro-Monzón y Lérida. Así, será la magistrada Beatriz Terrer Baquero, que precisamente desempeñó su labor en Monzón de noviembre de 2005 a junio de 2007, la encargada de dictar sentencia sobre este caso.

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