El Gobierno asume las alegaciones contra la A-40 pero rechaza todas las soluciones

Atribuye a Aragón, Valencia y Castilla-La Mancha una larga lista de quejas contra la autovía, pero relega y en algunos casos ignora las aportaciones dadas como alternativa a cada una de las objeciones

El Gobierno central ha optado por lo más fácil para vetar la infraestructura turolense: asumir las reticencias y relegar (y en algún caso directamente obviar) las soluciones que se planteaban por parte de las instituciones afectadas para cada uno de los problemas detectados. La declaración de impacto ambiental, que usa los informes enviados por el Gobierno de Aragón, la Comunidad Valenciana y la Junta de Castilla La Mancha para justificar su rechazo a la obra, omite aspectos clave de la información trasladada. Aunque se manipulan los informes de la mayoría de las autonomías consultadas, la utilización más evidente se da con la posición de Valencia, clave ya que el Rincón de Ademuz es uno de los puntos más conflictivos. Hay que decir que todas las comunidades marcaron dos posturas diferentes. Una en 2003 y otra entre 2007 y 2008. En todos los casos las alegaciones tienen matices, por lo que el Gobierno central ha optado por escoger lo que más le ha interesado en cada momento. En cuanto a Valencia, la declaración de impacto ambiental se dedica de forma extensa a relatar la postura marcada en sus primeras alegaciones. Así, asegura que el primer informe valenciano concluyó "proponiendo que se descartara el proyecto habida cuenta de su grave impacto ambiental". Sin embargo, si esta fue la postura marcada en Valencia en 2003, cinco años después, una vez analizado con detalle las posibles soluciones, esta comunidad matizó su postura, circunstancia que no acaba de reflejar la declaración de impacto publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado. Según trasladó el Gobierno valenciano tras conocer que Fomento lo usaba de excusa, en el último informe enviado al Ministerio de Medio Ambiente sobre la autovía Cuenca-Teruel concluyó que "en ningún caso se pretende paralizar el proyecto". Así, lo que pidió fue que se "minimice" su impacto con medidas concretas que proponían al Ministerio. Pero muy poco de esto aparece en la declaración de impacto redactada por el Gobierno central, que se centra en la parte negativa del informe. Fuentes del PSOE aragonés justificaron ayer el giro de la Comunidad Valenciana no en que hubiesen analizado posibles soluciones sino en el cambio de Gobierno en Madrid. Así, según interpretaron, Valencia se opuso en 2003 a la obra porque estaba en el Gobierno el PP y ya en 2008, con Rodríguez Zapatero en La Moncloa, optaron por cambiar la postura para quitarse la responsabilidad del veto al proyecto. Aragón también tiene parte de protagonismo en la evaluación ambiental publicada ayer. Según han explicado en los últimos días desde la DGA, los informes enviados por la comunidad al Ministerio de Medio Ambiente reflejaban incidencias mínimas con sus respectivas correcciones, sin grandes afecciones y, siempre, planteando la necesidad de ejecutar la autovía. Sin embargo, la evaluación ambiental no refleja exactamente esta postura, sino una supuesta grave preocupación del Ejecutivo PSOE-PAR por una serie de especies que podrían estar afectadas por la obra. Así, el documento que publica el BOE ayer para justificar el veto al proyecto asegura que la DGA alertó de "una afección significativa sobre la flora". Además, el Gobierno central dice que la DGA también avisó que la obra "originará una afección significativa sobre un lugar Natura 2000". Para ello, habría propuesto viaductos y cambios de trazado. La primera de toda la Legislatura A pesar del esfuerzo de los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente en atribuir a las comunidades autónomas el veto al proyecto, en realidad la competencia exclusiva para decidir si se hace la autovía es del Gobierno central. Así, como han recordado fuentes autonómicas, los informes enviados por las comunidades no son vinculantes y en ningún caso puede atribuirse a ellos la responsabilidad de vetar una infraestructura. Por lo demás, hay que decir que Teruel tiene especial mala suerte. Hacía al menos dos años que el Ministerio de Medio Ambiente no informaba en contra de alguna propuesta enviada por Fomento. Ni los aparentemente imposibles túneles proyectados para algunos nuevos trayectos AVE ni ninguna otra obra de infraestructura había recibido en los últimos meses el veto del Gobierno. Otras fuentes y la propia evaluación ambiental dan alguna clave de por qué se ha decidido informar negativamente en este caso. La primera, según se reconoce, es que Fomento afirma que la autovía no generaría en realidad mucho más tráfico que la pésima carretera actual. El segundo argumento, directamente relacionado, es el coste que supondría incorporar las obras necesarias para minimizar el impacto.


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