Piden 3 años para una pareja por vender a su hija por 1.500 €

El ministerio público solicita la misma pena para el matrimonio que iba a acoger a la menor en Casetas, así como para los dos hombres que actuaron de mediadores

Mil quinientos euros. Esa fue la cantidad en la que se fijó la venta de la pequeña Mariana. Sus padres, una pareja de origen rumano afincada en el municipio de Alfamén, tendrán que responder ahora como presuntos autores de un delito tráfico de menores, por el que el fiscal pide penas de tres años de prisión. La misma condena se ha solicitado para el matrimonio de Casetas que se iba a hacer cargo de la niña, así como para los dos hombres que actuaron de intermediadores en el trato. La Guardia Civil detuvo a estas seis personas a finales de julio de 2007, tras reunir pruebas que evidenciaban un pacto de compra-venta en el que la mercancía era la pequeña. El nacimiento de esta tuvo lugar el 28 de junio en el Hospital Ernest Lluch de Calatayud, y el trato se cerró 25 días después en Alfamén. En aquella fecha, los padres biológicos del bebé, Pretisor N. y Ioana N., entregaron a su hija a la otra pareja imputada, compuesta por Juan Alfonso J. M. y Mercedes M. H. Según el escrito de acusación del fiscal, la entrega se hizo eludiendo los procedimientos legales de guarda, acogimiento o adopción y “con la finalidad de establecer una relación análoga a la de filiación”. Lo que significa que el matrimonio domiciliado en el barrio de Casetas compraba una hija por 1.500 euros. Además de las dos parejas, se sentarán en el banquillo de los acusados Juan S. G. y Gheorghe D., a los que asiste la letrada Carmen Sánchez. El primero actuó como intermediario en la operación y cobró 200 euros por poner en contacto a los dos padres biológicos de la niña con los ‘adoptivos’. El segundo, de origen rumano, hizo de intérprete en el momento de la entrega de la menor, trabajo por el que le pagaron cien euros. El juez de guardia decretó prisión provisional para todos los presuntos implicados en la trama, aunque después pudieron abandonar la cárcel pagando sus respectivas fianzas. Además de los tres años de prisión, el ministerio público solicitará que a los procesados se les inhabilite para el ejercicio del derecho a la patria potestad, tutela, curatela o guarda por tiempo de cinco años. Un nacimiento poco deseado Las investigaciones se iniciaron cuando los servicios sociales tuvieron conocimiento de que la pareja podría haber ofrecido a la niña a gente de su entorno. Al parecer, el matrimonio de inmigrantes llevaba un tiempo afincado en el municipio y vivía en precarias condiciones, por lo que el nacimiento de la pequeña se convirtió en un problema para ellos. La Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza se hizo cargo del caso, y cuando los investigadores localizaron a los padres comprobaron que ya no tenían al bebé. El Equipo Mujer Menor (EMUME) continuó con las indagaciones para dar con el paradero de la niña, y finalmente se descubrió que había sido acogida por la familia de Casetas. Parece que los padres biológicos de la menor y los adoptivos llegaron a firmar un documento para intentar dar carácter formal al acuerdo. De hecho, junto a su hija, la pareja rumana entregó a los nuevos padres documentos como el certificado del parto, el de las huellas que identifican a los recién nacidos, la tarjeta sanitaria e incluso el libro de familia. La Guardia Civil se valió de las declaraciones de los inmigrantes y del mencionado escrito para dar con la familia que se había hecho cargo de la niña, y con los dos hombres que presuntamente pusieron en contacto a una y otra pareja. El padre adoptivo manifestó tras su detención que cuando fue a conocer a la niña vio que vivía en unas condiciones de higiene muy precarias, que le dio pena y decidió acogerla en su familia. La pareja adoptiva, a la que asiste el letrado Javier Notivoli, dijo que cuando recogió a la menor no llevaba ni siquiera pañales, por lo que tuvieron que envolverla en un trapo. Durante los dos meses posteriores a la entrega y antes de que se cerrara la operación de la Guardia Civil, la niña compartió hogar con los otros tres hijos de la pareja. Y según explicó el matrimonio que la acogió, pasó varias veces por la consulta del pediatra. La niña quedó entonces bajo la custodia de los Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma, y de las diligencias del caso se hizo cargo provisionalmente el Juzgado de Instrucción de Daroca. Sin embargo, el caso pasó después al Juzgado de Instrucción número 2 La Almunia, en cuyo partido judicial ocurrieron los hechos.

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