La DGA pide poderes al obispo para exigir la ejecución del fallo de los bienes

En los próximos días plantearán requerimientos a las instituciones catalanas como paso previo al contencioso Pese al anuncio de Iglesias, las acciones penales aún no se han iniciado por "su complejidad"

El Gobierno de Aragón ha pedido formalmente al obispo de Barbastro-Monzón, Alfonso Milián, poderes con los que poder exigir la ejecución de la sentencia del Vaticano que obliga a Lérida a devolver los bienes. De esta forma, el Ejecutivo autonómico pasaría a ser parte de este conflicto. Según fuentes del Gobierno aragonés, las negociaciones avanzan a buen ritmo y existe cierto optimismo para lograr el resultado esperado.   Ayer mismo, los servicios jurídicos autonómicos mantuvieron una reunión con el Obispado para tratar este asunto que "daría legitimidad" al Gobierno aragonés para hacer cumplir la sentencia de Roma. El vicepresidente, José Ángel Biel, consideró, tras el Consejo de Gobierno, que sería "conveniente" que el Obispado "diera poderes" para "actuar más" en la línea de conseguir que las 113 piezas en litigio retornen a Aragón. No obstante, según el Estatuto de Autonomía, estos poderes no serían necesarios para legitimar a la administración autonómica para exigir la ejecución de la sentencia del Vaticano, aunque sí aportaría seguridad jurídica al proceso judicial.   La DGA tiene dos posibles alternativas para reclamar la ejecución dentro de la vía civil. La primera conllevaría la implicación del Gobierno central, ya que se trata de una sentencia de otro país y, por el Concordato entre el Gobierno español y la Santa Sede, esta debe cumplirse en España. La segunda, a la que es más reacia la Iglesia, consistiría directamente en acudir a los tribunales.   Las conversaciones para solicitar estos "poderes" se iniciaron durante un desayuno en Zaragoza, al día siguiente del Foro Heraldo al que acudió el nuncio del Vaticano, Manuel Monteiro de Castro. Entonces, según fuentes del Ejecutivo, se apreció un cambio de posición de la Iglesia, por lo que en las últimas semanas han continuado las reuniones. "El asunto de los poderes es determinante, un paso definitivo para reclamar la ejecución", justificaron fuentes de la DGA.   Precisamente, el Ejecutivo deposita sus confianzas en esta vía civil, pese a que hace apenas un mes, el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, anunció -en un acto público- que iba a emprender acciones penales contra quienes retienen los bienes en Lérida y postergaba las civiles. "Siempre hemos dicho que acudir a la vía civil supondrá prolongarlo, por eso hemos decidido ir por lo penal", argumentaron fuentes del Ejecutivo entonces.   Sin embargo, la vía penal, de momento, aún no se ha iniciado. Y parece ser que será la última que se emprenda. No en vano, fuentes del Gobierno autonómico aseguran que es la vía "más compleja". Esta se dirigiría contra personas e instituciones que forman parte del consorcio del Museo Diocesano y Comarcal de Lérida, esto es, el obispo Piris, el consejero catalán de Cultura, el alcalde y el presidente de la Diputación leridana.   Aparte de la vía civil y penal, la tercera que tiene la Administración autonómica en cartera es la de lo contencioso-administrativo. Según anunció ayer el vicepresidente aragonés, José Ángel Biel, los servicios jurídicos ya han iniciado los trámites pertinentes.   En concreto, está previsto que en los próximos días se envíen requerimientos oficiales al Consorcio del Museo de Lérida, a la Generalitat, al obispado de Lérida y a la Diputación. Será un paso previo al inicio del recurso contencioso anunciado por la administración. Por su parte, el obispo Milián declinó ayer hacer declaraciones sobre este asunto y las negociaciones.


http://www.heraldo.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/idnoticia.41723/relcategoria.300