El juez contrasta los expedientes de la DGA con las escuchas a los imputados de La Muela

El instructor exigió en abril a la Comisión de Ordenación del Territorio toda la documentación sobre una fase de Centrovía y el SR1 Analiza las fechas y decisiones y las cruza con los pinchazos telefónicos

El proceso por presunta corrupción urbanística que se sigue contra la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, y veinticinco personas más, entre familiares, empresarios y funcionarios, ya cuenta con un tomo más. El número 31 está compuesto fundamentalmente por toda la documentación relacionada con el desarrollo urbanístico de La Muela que el juez Alfredo Lajusticia, a petición de la fiscal del caso, reclamó que le remitiera el Gobierno de Aragón.   En concreto, el pasado 6 de abril requirió a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza (CPOT) que le remitiese los expedientes en los que justificó la aprobación de los proyectos que actualmente son objeto de investigación, como el conocido como SR1 y la sexta fase de ampliación del polígono industrial de Centrovía, o las delimitaciones de sectores en suelo urbanizable.   El juez también reclamó todas las solicitudes, expedientes y las ponencias técnicas en las que se informaba desfavorablemente a los proyectos, así como las que luego se informó de forma favorable y que sirvieron para llevar a cabo determinadas operaciones urbanísticas presuntamente ilícitas y, posteriormente, el rápido enriquecimiento de personas que ahora están imputadas en el caso.   El objeto de disponer de toda esta información es comprobar si todo se hizo de acuerdo con la legislación o hubo trato de favor hacia determinados constructores y políticos. Para hacerlo, el juez y el fiscal deberán examinar de forma pormenorizada las conversaciones que fueron intervenidas a los imputados y contrastar si sus llamadas de teléfono y las aparentes presiones pidiendo que se sacara adelante uno u otro proyecto, tuvieron sus efectos en los miembros de la comisión y en la resolución que luego aprobaron.   También analizarán los nombres de las personas que participaron en las reuniones y su posible relación con los imputados o, directamente, con su imputación, como es el caso del subdirector provincial de Urbanismo, Carlos Martín Rafecas, que a su vez dirige la ponencia técnica y es secretario de la CPOT.   A lo largo de 2008, María Victoria Pinilla mantuvo numerosas conversaciones en relación con la polémica tramitación para aprobar el plan parcial del SR1 con los máximos dirigentes políticos e institucionales de la coalición PSOE-PAR, tanto en el Gobierno aragonés como en la Diputación Provincial de Zaragoza. Su objetivo era que apoyaran la decisión de la comisión de Urbanismo para sacar adelante el plan. Este se aprobó a finales de 2008, con modificaciones.   Según los informes policiales, Pinilla telefoneó, y en algunos casos de forma insistente, a distintos interlocutores, como el vicepresidente de la DGA, José Ángel Biel; el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné; el de Industria, Arturo Aliaga; o el viceconsejero de Obras Públicas, Carlos Esco. También hay registrada alguna llamada dirigida al alcalde de Épila, Martín Llanas, vicepresidente de la Diputación de Zaragoza y representante de la institución, en sustitución del presidente, en la CPOT.   El juez debe ahora averiguar si la labor de Pinilla fue "fundamental y absolutamente necesaria", como mantienen los investigadores, para lograr que el proyecto fuera por fin aprobado.   Además, los agentes intervinieron conversaciones en las que se mencionan pactos y compromisos cumplidos e incumplidos. En una de ellas, mantenida por el hijo de la alcaldesa, Víctor Embarba, y María Jesús V. (intermediaria imputada), comentan abiertamente el estado de nervios en que se encuentra José Carlos Fernández Delgado (constructor dueño de la empresa Brocover) por el nuevo retraso que acaba de sufrir el plan SR1, al caerse del orden del día de Consejo de Organización del Territorio de Aragón (COTA) el 30 de abril de 2008. Gestiones normales La alcaldesa, en su declaración ante el juez, justificó las llamadas como una gestión normal que hacen todos los alcaldes para conseguir los proyectos para los pueblos y explicó que es habitual entre políticos solicitar que determinados trámites se agilicen.   Pinilla también recurrió a otro de los imputados, el empresario vasco Francisco Aramburu Altuna, del grupo Sagain, para que hablase del plan parcial de circunvalación con Agapito Iglesias y este con el presidente del Gobierno de Aragón. Sagain es propietaria de los suelos donde se prevé ampliar el polígono industrial Centrovía. Esta empresa obtuvo plusvalías muy importantes en un periodo de tiempo muy corto lo que, a juicio de los investigadores, evidencian que la Sociedad Urbanística vendió parcelas a precios inferiores a mercado, con lo que perjudicó al Ayuntamiento.   El juez de La Almunia ha autorizado a la DGA a entregar la misma documentación al PP, que también la había solicitado.


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