El alcalde de Calanda, acusado de falsedad por un vecino, absuelto

Fue juzgado por ordenar la colocación de pivotes que impedían el paso de camiones a una empresa amparándose en una resolución con fecha incorrecta

La Audiencia Provincial de Teruel ha absuelto al alcalde de Calanda, el socialista Manuel Royo Ramos, de los delitos de prevaricación, falsedad en documento público y coacciones que le imputaba un vecino y empresario de la localidad y por los cuales fue juzgado a finales del pasado mes de abril.   Los herederos de ese vecino, que ejercieron la acusación particular tras su fallecimiento, sostuvieron en la vista oral que el alcalde mandó poner unos pivotes que impedían el paso de camiones hasta su empresa, una decisión que consideraban injusta al ocasionar graves perjuicios a su industria, dedicada a la manufactura del melocotón.   Sin embargo, la Audiencia estima que la orden de la Alcaldía estaba justificada por los frecuentes daños que ocasionaba en la calle donde se encuentra la nave industrial el constante paso de vehículos de gran tonelaje. La sentencia recoge también que esa vía urbana había sido pavimentada y dotada de aceras y alumbrado recientemente y que el Ayuntamiento había recibido quejas vecinales por el deterioro que causaban en la misma los camiones. El documento añade que antes de adoptar la decisión, Royo consultó con un letrado sobre la legalidad de la acción.   Por otro lado, tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal imputaban al alcalde un delito de falsedad en documento público al figurar en la resolución municipal correspondiente a la colocación de los pivotes una fecha inexacta. Ambas partes entendían que el documento pudo redactarse con posterioridad a la orden y ante la protesta que formuló el empresario afectado al conocer la intención del alcalde de cortar el paso al tráfico pesado.   No obstante, la Audiencia tampoco encuentra falsedad. Afirma que no ha quedado acreditada la posible intención maliciosa del alcalde ni su presunta simulación del documento y que la divergencia de fechas pudo ser simplemente un error.   Mientras que el Ministerio Fiscal y la acusación particular pedían tres y seis años de prisión para el acusado, respectivamente, el abogado defensor, Félix Gil, solicitó la absolución de su defendido al entender que no eran ciertas las acusaciones por las que era juzgado. Asimismo, la acusación pública solicitaba que Royo fuera inhabilitado para el ejercicio de su cargo durante dos años. La familia del empresario pidió que no ejerciera como alcalde en 13 años.

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