Los abogados afirman que la alcaldesa no tiene dinero ni casas en el extranjero

En el caso de la mansión de Punta Cana, los letrados subrayan que está a nombre de su hijo Víctor

Uno de los motivos que el juez Alfredo Lajusticia argumentó para denegar la libertad provisional de la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, fue que existía un riesgo de fuga, en concreto a la República Dominicana, donde cuenta con una residencia de lujo y cuentas bancarias "suficientes" para poder iniciar una nueva vida.   Sus abogados, Javier Notivoli y Xenia Cabello, en el escrito en el que solicitan la libertad de la alcaldesa, manifiestan expresamente que ni Pinilla ni su marido son titulares de cuentas en el extranjero ni de propiedades. Además, recuerdan que, en los más de 14 meses de investigación policial, no se ha aportado prueba alguna que acredite en qué se fundamentan las sospechas de los agentes. Y, en el caso de la mansión de Punta Cana, subrayan que el propietario es el hijo del matrimonio, Víctor Pinilla, y así lo demuestran las escrituras. A juicio de los abogados, no existe ningún riesgo de fuga porque la imputada tiene "poderosos vínculos sociales familiares, laborales y económicos" en La Muela y su huida supondría la pérdida de todas esas situaciones personales y patrimoniales.   La Brigada de Blanqueo de Capitales imputa a la alcaldesa un elevado nivel de vida que se materializa en gastos de ocio, artículos de lujo, ropa de marca, viajes e inversiones. Los abogados no entienden que eso pueda ser calificado de "delito" y cuestionan que se afirme así cuando no existe "investigación ni análisis alguno" sobre la capacidad económica y las fuentes de ingresos de la familia.   En su escrito, mantienen que el patrimonio de María Victoria Pinilla y de su marido es fruto de "más de 30 años de trabajo" y relatan al juez la vida laboral, comenzando por la granja de conejos que montaron en 1982 y explotaron hasta 1989, obteniendo unos 30.000 euros mensuales. También exponen que tienen dos naves, tres locales y una vivienda alquiladas, más los 45.000 euros anuales que perciben de actividades agrícolas, así como la cesión de parcelas para molinos de viento, compraventa de terrenos y el sueldo de 2.000 euros al mes de Pinilla, y acompañan documentos que lo acreditan. Por todo eso, los abogados manifiestan que su comportamiento "es acorde y ajustado" al origen de sus ingresos, obtenidos "al margen de cualquier actividad delictiva o punible".   La alcaldesa tendrá oportunidad la próxima semana de dar las oportunas explicaciones al juez sobre las imputaciones que se le atribuyen y es probable que el instructor no se pronuncie sobre su situación personal hasta después de tomarle declaración, el próximo día 27.


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