Los juzgados de violencia acumulan ya unos 600 casos de maltratos sin tramitar

Se trata de agresiones en las que las víctimas no han pedido órdenes de protección La huelga de funcionarios y la falta de acuerdo con la DGA ha agravado la situación

La falta de acuerdo entre los veinte funcionarios de los dos juzgados de violencia de Zaragoza -que llevan casi dos meses de huelga- y el Departamento de Justicia del Gobierno de Aragón ha desembocado en una situación insostenible. En estos momentos, en uno solo de los juzgados hay veinte juicios civiles pendientes de señalar, además de los que están paralizados en otros puntos del proceso, y se acumulan 300 asuntos penales sin tramitar. Estos últimos corresponden a mujeres que fueron agredidas por sus parejas y acudieron al hospital a ser atendidas y luego no presentaron denuncia, y también a las que denunciaron ante la Policía pero no solicitaron medidas de protección o alejamiento. De haberlo hecho, su petición habría sido inmediatamente atendida, pues es una de las medidas que se consideran urgentes y está incluidas en los servicios mínimos.   En el juzgado número dos la situación es similar. Esto quiere decir que en estos momentos hay unas 600 mujeres en situación de riesgo, las cuales, además, no tuvieron ninguna respuesta a la agresión que sufrieron.   Todos cruzan los dedos para que no ocurra nada porque la pregunta es inevitable: ¿Qué pasaría si alguna de esas mujeres fuera asesinada por su pareja durante este periodo de tiempo? ¿De quién sería la responsabilidad?   Los funcionarios lo tienen claro: el gobierno autonómico no está haciendo nada para llegar a un acuerdo. "Nos hablan de responsabilidad y de coherencia y nosotros lo estamos siendo. Nos estamos jugando nuestro sueldo, con salarios de mileuristas. Yo ya he perdido 1.400 euros, que es la misma cantidad que reclamamos de complementos en un año", explicaba ayer una funcionaria. Añadía que otra cosa hubiese sido una huelga de celo u otro tipo de movilización que a ellos no les hubiese costado dinero y habría causado también un perjuicio para las víctimas.   El conflicto económico se reduce al cobro de unos pluses salariales por el trabajo específico que llevan a cabo en estos juzgados, distintos al resto. La última oferta, efectuada la semana pasada por el gobierno autónomo tras tres meses de silencio, fue 170, 150 o 130 euros al mes, dependiendo de la categoría del trabajador, según recuerda Ricardo Bueno, presidente del comité de huelga.   De hecho, la especialidad propia de estos juzgados la reconocía el Ministerio de Justicia antes de ser transferidos, pero la DGA se la suprimió en 2008. También es cierto que, al comenzar el problema, el Departamento de Justicia les ofreció 80, 110 y los 140 euros, pero a cobrarlos desde el 1 de enero de 2009. El comité de huelga lo rechazó y pidió, con efecto retroactivo, 250. Ahora estarían dispuestos a rebajar sus pretensiones y aceptar que les pagaran solo desde 2009, pero con un programa de actuación para sacar adelante el trabajo retrasado, como se está haciendo en el Juzgado de lo Social de Teruel.   Mientras las negociaciones siguen adelante con dificultades, los casos se acumulan en las estanterías. Tres funcionarias recordaban ayer que en estos juzgados se trabaja con una población sensible que tampoco protesta, pues bastante tienen con lo suyo. "Estamos convencidas de que políticamente no les interesa resolver este conflicto para no sentar precedente", manifestaron. "Con su postura intransigente pretenden castigar a los funcionarios y lo que están haciendo es castigar a las víctimas, añadieron. A su juicio, es incomprensible que en estos juzgados, bandera electoral de los partidos y en los que no repararon en inversiones para crearlos, se bloqueen por una cerrazón para negociar.


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