La DGA anuncia acciones penales contra quienes retienen los bienes en Lérida

El Ejecutivo actuará contra el obispo Piris, el consejero catalán de Cultura, el alcalde y el presidente de la Diputación leridana. Quiere acusarles de apropiación indebida, obstrucción a la Justicia y prevaricación.

La DGA se ha cansado de esperar durante años y ha decidido dar un golpe de timón para tratar de forzar el regreso de los bienes aragoneses retenidos en Lérida. Su presidente, Marcelino Iglesias, anunció ayer que ha dado orden a los servicios jurídicos del Ejecutivo de iniciar "acciones penales contra aquellas personas e instituciones que forman parte del consorcio del Museo Diocesano y Comarcal de Lérida" por supuestos delitos de apropiación indebida, prevaricación y obstrucción a la Justicia. Esta decisión fue adoptada tras comprobar que el consorcio, en su reunión de ayer, volvió a no abordar la devolución a la Diócesis de Barbastro-Monzón de las 113 obras de arte religioso secuestradas en la provincia vecina desde hace más de una década. En la práctica, el mandato de Iglesias supone que el Gobierno de Aragón va a acudir a los tribunales para pedir responsabilidades penales -y por tanto personales- a los representantes de las cinco instituciones que forman parte del órgano que administra el museo: el consejero de Cultura de la Generalitat, Ricard Tresserras; el obispo de Lérida, Joan Piris; el alcalde de la ciudad, Ángel Ros; el presidente de la Diputación, Jaume Gilabert; y el presidente del consejo comarcal del Segrià, Ricard Pons. Si las medidas legales anunciadas por la DGA salen adelante, todos ellos se enfrentarán a una acusación por tres delitos que están castigados con multas, inhabilitación y penas de cárcel de hasta seis años. Según fuentes del Ejecutivo aragonés, Iglesias tomó esta determinación tras mantener varias conversaciones con el obispo de Barbastro-Monzón, Alfonso Milián, y tras haber hablado por teléfono con el alcalde de Lérida. También intentó contactar con el consejero de Cultura, pero Tresserras no le devolvió la llamada. "Hemos entendido que (las instituciones leridanas) pretenden bloquear el cumplimiento de unas sentencias firmes de los tribunales eclesiásticos -explicó el presidente aragonés en una comparecencia institucional convocada de forma urgente-. Como la actitud (en la reunión de ayer del consorcio) ha sido la de dilatar permanentemente la situación, pensamos que, después de 13 años, hay una intención de bloquear la solución a este conflicto y por tanto he decidido encargar acciones penales a nuestros servicios jurídicos". Iglesias enumeró los delitos ya citados y finalizó su declaración insistiendo en que la DGA "sigue confiando plenamente en la Justicia y en el funcionamiento del Estado de Derecho". Poco después, el Ejecutivo autonómico hizo público un comunicado en el que se destaca que, desde 1995, el Gobierno de Aragón ha mantenido un respeto "escrupuloso" hacia las actuaciones de la Iglesia en este conflicto, incluidas también las "maniobras dilatorias" para evitar el retorno de los bienes, ya que "venían amparadas en el ordenamiento jurídico". El texto recuerda, no obstante, que el pasado 30 de junio el nuncio del Papa en España y los obispos de Barbastro-Monzón y Lérida suscribieron un acuerdo que cumplía las sentencias vaticanas y daba 30 días para el regresos de las 113 obras de arte. Un hecho "muy grave" "El Gobierno de Aragón ha mantenido la prudencia a lo largo de estos siete meses en la seguridad de que en un Estado de Derecho ningún poder público adoptaría otras decisiones que las de hacer cumplir las sentencias -continúa el comunicado-. La decisión del consorcio del Museo Diocesano de no atender las sentencias de la Signatura Apostólica para devolver de forma inmediata las piezas de arte sacro a Aragón es un hecho muy grave". Fuentes de Presidencia del Gobierno explicaron que la DGA mantiene su postura de que el litigio sobre la propiedad de los bienes está "totalmente cerrado". "Siempre hemos dicho que acudir a la vía civil supondrá prolongarlo, por eso hemos decidido ir por lo penal", razonaron. Las mismas fuentes indicaron que, en días previos, ya había habido consultas a los servicios jurídicos para ver qué puede hacerse. "Aún no sabemos si se pondrá una demanda, una querella u otra figura, por eso de momento solo hablamos de acciones legales -añadieron-. La decisión está tomada y ahora falta concreta cómo".

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